Introducción

Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016, el emprendimiento ha tomado un papel fundamental en la reincorporación económica de los excombatientes y en la reparación integral de las víctimas. En los territorios este propósito se ha materializado a través de iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y distintas expresiones de economía popular y solidaria, que buscan abrir caminos de oportunidad, fortalecer la inclusión socioeconómica y reconstruir el tejido social. No obstante, los avances han sido desiguales.

Mientras algunos proyectos comunitarios logran consolidarse y generar un impacto real en sus comunidades, otros se enfrentan a obstáculos persistentes como la presencia de economías ilegales, los problemas de seguridad y la debilidad institucional, factores que siguen limitando su sostenibilidad y alcance (Sierra y Calderón, 2023).

Asimismo, muchos de los habitantes de zonas rurales y periurbanas siguen emprendiendo desde esquemas de subsistencia e informalidad, ya sea a través de ventas ambulantes o de pequeñas prácticas agrícolas. Esto da lugar a una economía popular de baja productividad que, si bien permite garantizar la supervivencia día a día, limita de manera importante cualquier posibilidad de crecimiento o escalamiento (Núñez, 2025). Para las mujeres rurales afectadas por el conflicto, la situación es aún más compleja: cerca del 95 % continúa en condiciones de pobreza moderada o extrema y enfrenta barreras estructurales para acceder a crédito, asistencia técnica o espacios dentro de las cadenas de valor (Pening, 2023). Esta desigualdad de acceso no solo restringe su autonomía económica, sino también su participación en escenarios comunitarios y de toma de decisiones.

Aunque el emprendimiento ha sido reconocido por las instituciones como una herramienta clave para promover la inclusión y avanzar en la construcción de paz territorial, los retos para consolidar proyectos productivos siguen siendo profundos. Más del 70 % de las microempresas del país no logra acceder a financiamiento formal (Asobancaria, 2023). A pesar de los esfuerzos institucionales para fortalecer el emprendimiento rural, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) señala que persisten importantes brechas en el acceso a financiamiento, asistencia técnica, mercados y capacidades empresariales, factores que continúan limitando la productividad y la sostenibilidad de los pequeños productores rurales en América Latina, incluido Colombia. A ello se suman las barreras estructurales derivadas del conflicto, la insuficiencia del apoyo institucional y los procesos de exclusión social que continúan limitando la recuperación económica y el potencial transformador del emprendimiento en los territorios afectados por la violencia (Cárdenas, 2025).

Frente a este panorama de desafíos, la economía solidaria aparece como una alternativa con un enorme potencial transformador. En diferentes regiones del país como Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar, las cooperativas, asociaciones campesinas y organizaciones productivas han demostrado su capacidad para fortalecer la cohesión social, impulsar liderazgos locales y generar ingresos colectivos de manera sostenible (Muñoz, 2024). Estas experiencias han sido especialmente significativas para mujeres cabeza de hogar, jóvenes rurales y comunidades indígenas, quienes encuentran en la asociatividad un espacio de reconocimiento, protección y empoderamiento, así como una vía concreta para mejorar sus condiciones de vida (Londoño et al., 2024).

En este sentido, este estudio busca comprender el emprendimiento popular y solidario no solo como una estrategia económica para la subsistencia, sino como un mecanismo reparador capaz de generar transformaciones sociales profundas. La investigación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para entender cómo estas iniciativas aportan a la construcción de paz territorial y al fortalecimiento de las comunidades.

El objetivo general se orienta a analizar el papel del emprendimiento popular y solidario en territorios marcados por el conflicto armado, identificando sus aportes, limitaciones y su potencial como herramienta de inclusión y construcción de paz. Por un lado, se busca identificar las condiciones socioeconómicas de las comunidades y de las mujeres rurales; por otro, entender las barreras estructurales y las oportunidades que permitan fortalecer las iniciativas solidarias.

En cuanto al alcance, esta investigación se sustenta en un análisis documental, apoyado en estadísticas nacionales y en literatura académica reciente producida entre 2016 y 2025. Además, incorpora trabajo de campo que permite identificar patrones, tensiones y tendencias clave para formular recomendaciones pertinentes en contextos de reincorporación y desarrollo territorial, especialmente en municipios PDET de Quibdó y Meta.

Este estudio es de carácter descriptivo que busca ofrecer una mirada integral sobre el emprendimiento social y solidario, entendiendo su papel como un catalizador de paz y una herramienta capaz de impulsar transformaciones sociales profundas en los territorios afectados por el conflicto armado.

Marco teórico

Economía social y solidaria: fundamentos normativos y filosóficos

La Economía Social y Solidaria (ESS) se presenta como un modelo alternativo que busca reordenar la vida económica a partir de principios como la cooperación, la equidad, la sostenibilidad y la gestión democrática. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023), en América Latina los marcos normativos de la ESS han ido evolucionando hasta reconocer de manera explícita su aporte a la inclusión económica y a la gobernanza social.

En una definición más amplia, la ESS reúne cooperativas, mutuales, asociaciones productivas, empresas sociales y organizaciones comunitarias que ponen en el centro el cuidado y la ampliación de la vida, por encima de la lógica de acumulación de capital.

Este enfoque desarrollado también en la resolución de Asamblea General de las Naciones Unidas (2024) sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible (2023), se sostiene en cinco principios clave: la primacía de las personas, la autogestión, la participación democrática, la distribución equitativa de los beneficios y la sostenibilidad socioambiental. Desde una perspectiva filosófica, la ESS se vincula con la propuesta de Coraggio, quien la entiende como un sistema que organiza la economía para garantizar el bienestar presente y futuro, en armonía con la naturaleza.

Emprendimiento rural

El emprendimiento rural se ha posicionado como una estrategia central para impulsar el desarrollo económico, social y territorial en regiones históricamente excluidas, especialmente en aquellos contextos marcados por el conflicto armado y la pobreza estructural. Se entiende como el proceso a través del cual personas, familias o colectivos en zonas rurales diseñan, ponen en marcha y sostienen iniciativas productivas que no solo responden a necesidades económicas inmediatas, sino que también se articulan con propósitos comunitarios de largo plazo (Díaz, 2025).

A diferencia del emprendimiento urbano que suele apoyarse en mercados más diversificados, mejor infraestructura y mayores opciones de financiamiento; el emprendimiento rural se desarrolla en escenarios de precariedad institucional, aislamiento geográfico y profundas desigualdades socioeconómicas.

No obstante, estas limitaciones no son solo obstáculos; también pueden convertirse en motores de innovación social y de construcción de resiliencia. Como señala Ospina (2025), en los territorios rurales surgen formas de emprendimiento que se apoyan en el conocimiento ancestral, en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la organización comunitaria. Este tipo de iniciativas se conectan directamente con los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS), donde la cooperación, la asociatividad y la distribución equitativa de los beneficios se configuran como pilares para transformar condiciones estructurales de vulnerabilidad.

Un aspecto central es el rol del emprendimiento rural en el empoderamiento de mujeres y jóvenes. Diversos estudios muestran que las mujeres rurales cuentan con fuertes capacidades organizativas, habilidades de liderazgo y una mirada comunitaria que favorece la consolidación de iniciativas sostenibles, especialmente cuando cuentan con programas de apoyo que amplían su acceso a financiamiento, formación técnica y acompañamiento continuo (Hernández-Navarro y Suñén, 2025). Esta mirada cobra aún más importancia en los territorios PDET, donde las mujeres han sido, al mismo tiempo, víctimas del conflicto y protagonistas de los procesos de reconstrucción social.

La literatura coincide en resaltar la relevancia del capital social, entendido como el conjunto de redes, normas de confianza y formas de cooperación comunitaria, como un factor clave para el éxito de los emprendimientos rurales (Putnam, 1993; Sheng et al., 2024). En departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar, dicho capital social se materializa en grupos de ahorro comunitario, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones de mujeres y distintos espacios de participación local. Estas redes no solo fortalecen la capacidad productiva y la gestión organizativa, sino que también funcionan como mecanismos de protección social, reconstrucción de confianzas y articulación comunitaria a favor de la paz.

En este sentido, el turismo rural y el agroturismo se han consolidado como alternativas sólidas de emprendimiento, al permitir la diversificación de las economías locales, promover la conservación ambiental y fortalecer la identidad territorial (Arróliga y López, 2025). En los territorios PDET estas iniciativas se conectan con procesos de memoria histórica, con el retorno de población desplazada y con estrategias comunitarias de reconciliación, generando oportunidades económicas ligadas directamente a la construcción de paz territorial.

Un componente clave para comprender las dinámicas del emprendimiento rural es la exclusión financiera. Wang y Wang (2025) evidencian que el acceso limitado a servicios financieros formales reduce entre un 6,9 % y un 9,5 % la probabilidad de emprender y disminuye entre un 15 % y un 16,4 % la intensidad del emprendimiento agrícola. La exclusión opera, principalmente, a través de dos mecanismos: la baja exposición a información financiera y el aumento de la aversión al riesgo. Asimismo, las autoras muestran que el crédito productivo ejerce un efecto moderador importante, al amortiguar los impactos negativos de la exclusión y aumentar la capacidad de los hogares rurales para iniciar y sostener sus negocios.

Estos hallazgos se relacionan de manera directa con la realidad colombiana, especialmente en los territorios PDET, donde predominan altas tasas de informalidad cercanas al 70 %, bajos niveles de bancarización y condiciones estructurales adversas. A nivel de Latinoamérica los estudios coinciden en que los modelos tradicionales de evaluación de riesgo centrados en el historial crediticio, las garantías reales y la estabilidad laboral terminan excluyendo de forma sistemática a mujeres, campesinos y población desplazada. Frente a este escenario han comenzado a desarrollarse propuestas que incorporan datos alternativos, análisis de comportamiento, variables cognitivas y factores de género para construir modelos financieros más inclusivos (Medina-Vidal et al., 2025).

Así pues, la consolidación del emprendimiento rural como estrategia de desarrollo requiere un enfoque sistémico que articule políticas públicas, capacidades comunitarias y la participación activa del sector privado. El emprendimiento no puede entenderse de forma aislada, sino en relación con la educación rural, la infraestructura disponible, el acceso a financiación, la asistencia técnica, las condiciones de seguridad territorial y la existencia de mercados estables. En esta línea, Castrillón (2025) sostiene que la formación de capacidades emprendedoras en jóvenes rurales es clave para garantizar el relevo generacional, fortalecer la sostenibilidad productiva y promover transformaciones territoriales de largo plazo.

Paz negativa, paz positiva y desafíos para la paz territorial en Colombia

La distinción entre paz negativa y paz positiva, propuesta por Johan Galtung (1969), es uno de los marcos teóricos más importantes para entender cómo se construye la paz hoy. Define la paz negativa como la simple ausencia de violencia directa; es decir, el cese de las hostilidades y la disminución del daño físico inmediato. La paz positiva, en cambio, va más allá: supone la ausencia de violencia estructural y cultural, lo que implica transformar las condiciones que frenan el desarrollo humano y sostienen las desigualdades. Desde esta mirada, hablar de paz positiva es hablar de justicia social, equidad y fortalecimiento del tejido social.

En Latinoamérica, una región atravesada por desigualdades profundas, brechas territoriales y violencia sociopolítica, esta distinción adquiere un sentido particular. Como plantea Calderón (2016), el caso colombiano es ejemplar porque muestra que el cese de hostilidades alcanzado en distintos momentos con diversos actores armados solo constituye una paz negativa: frágil y limitada para garantizar estabilidad en el largo plazo. La desmovilización paramilitar entre 2003 y 2006, seguida por el surgimiento de nuevas estructuras armadas (BACRIM), evidenció que reducir la violencia directa no basta para eliminar las causas estructurales que alimentan el conflicto.

El Acuerdo Final de 2016 volvió a poner este reto sobre la mesa; si bien permitió desactivar una expresión específica de la violencia, su implementación dejó claro que la paz duradera requiere avanzar hacia una paz positiva, en línea con el modelo de las 3R planteado por Galtung: Reconstrucción, Resolución y Reconciliación. La primera se orienta a reparar daños, garantizar verdad y asegurar la reparación efectiva a las víctimas. La segunda implica transformar estructuras socioeconómicas excluyentes, en especial en los territorios rurales históricamente marginados. Por su parte, la tercera demanda cambiar narrativas culturales, superar estigmas y recomponer relaciones sociales que han sido erosionadas por décadas de violencia.

Desde este punto, construir paz en Colombia es indispensable enfrentar tensiones profundas vinculadas con la pobreza rural, la desigualdad territorial, la fragilidad institucional y el debilitamiento del capital social. Como señalan diversos estudios sobre desarrollo y paz, una paz sostenible solo es posible cuando las comunidades cuentan con oportunidades reales de bienestar, participación y autonomía económica (Gutiérrez y Reddy, 2015; Buendía-Martínez y Carrasco, 2013). Esto exige un enfoque integral, en el que la paz se entienda como un proceso de transformación estructural y no solo como una pausa entre ciclos de violencia.

Enfoque de capacidades, desarrollo territorial e innovación en los PDET en el posconflicto colombiano

El enfoque de las capacidades dinámicas ofrece un marco valioso para entender cómo los territorios PDET pueden fortalecer su desarrollo en el escenario de posconflicto. Desde esta perspectiva, la ventaja competitiva no depende solo de contar con ciertos recursos, sino de la habilidad de las organizaciones y comunidades para adaptarlos, integrarlos y configurarlos frente a contextos cambiantes (Teece et al., 1997). En los entornos rurales colombianos, marcados por décadas de exclusión estructural, esta capacidad se manifiesta en la forma en que asociaciones campesinas, cooperativas y emprendimientos locales aprenden, colaboran e innovan para transformar sus economías.

Las concentraciones territoriales y las alianzas estratégicas, como señalan Quintana y Benavides (2007), actúan como mecanismos que facilitan la circulación de conocimiento, el acceso a talento, la movilización de recursos financieros y la creación de competencias complementarias. En los PDET, donde la debilidad institucional y la falta de infraestructura han restringido históricamente estas interacciones, la construcción de redes comunitarias, los encadenamientos productivos y la articulación con universidades y centros de investigación se convierten en condiciones clave para la innovación territorial.

Al articular estas ideas con el enfoque de capacidades humanas de Sen (1999), se comprende que el desarrollo en el posconflicto no se limita a la inversión en infraestructura física, sino que depende de la ampliación de libertades reales: acceso a la tierra, a la educación, al crédito, a la tecnología y a espacios de participación democrática. En esta línea, los PDET no solo buscan cerrar brechas materiales, sino también fortalecer las capacidades colectivas que hacen posible una paz positiva, entendida como bienestar, inclusión y transformación de las desigualdades estructurales (Calderón, 2016).

De este modo, la innovación en los PDET se configura como un proceso simultáneamente social, económico y territorial, que habilita a las comunidades para reconstruir el tejido social y generar oportunidades sostenibles en contextos de posconflicto.

Metodología

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, interpretativo, con el objetivo de comprender en profundidad las experiencias, percepciones y significados que distintos actores atribuyen al emprendimiento solidario en territorios afectados por el conflicto armado. Con esta finalidad, se optó por un diseño descriptivo basado en el estudio de casos múltiples, lo que permitió reconocer la diversidad de realidades locales y, al mismo tiempo, identificar patrones compartidos. La estrategia de investigación articuló dos fuentes principales de información. En primer lugar, se realizó un análisis documental de literatura académica, informes institucionales, estadísticas nacionales y documentos técnicos publicados entre 2016 y 2025, con el propósito de contextualizar la relación entre economía social y solidaria, emprendimiento rural, exclusión financiera y construcción de paz en Colombia y América Latina. En segundo lugar, se llevó a cabo trabajo de campo mediante entrevistas semiestructuradas, lo que permitió contrastar la evidencia secundaria con relatos, experiencias y valoraciones de actores directamente vinculados a iniciativas productivas solidarias.

La población de estudio estuvo integrada por mujeres rurales y líderes comunitarios de territorios priorizados por los PDET. A través de un muestreo intencional, se seleccionaron doce participantes que cumplían criterios como su participación activa en iniciativas solidarias y su experiencia en procesos de liderazgo comunitario. Para la recolección de la información se emplearon tres técnicas principales: revisión documental, entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido. Este último se llevó a cabo mediante un proceso de codificación inductiva, a partir del cual emergieron categorías analíticas relacionadas con agencia, asociatividad, capital social, resiliencia y exclusión financiera.

El desarrollo metodológico se organizó en cuatro etapas: la revisión de la literatura e identificación de los territorios de estudio; recolección de información a través de entrevistas; codificación y análisis temático; así como triangulación entre fuentes documentales y testimoniales, con el fin de fortalecer la validez de las interpretaciones. En todo el proceso se atendió a principios éticos fundamentales, asegurando el consentimiento informado, la confidencialidad de las personas participantes y el uso estrictamente académico de la información recopilada.

En cuanto a las limitaciones del estudio, si bien la investigación ofrece hallazgos relevantes sobre el papel del emprendimiento solidario en contextos PDET, presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra estuvo conformada por doce participantes seleccionadas mediante muestreo intencional, lo que no permite extrapolar los resultados al conjunto de territorios priorizados en Colombia. En segundo lugar, el alcance cualitativo del estudio privilegia la profundidad interpretativa sobre la representatividad estadística. No obstante, estas limitaciones no restan valor analítico a la investigación, ya que su propósito fue comprender experiencias situadas, identificar patrones compartidos y aportar elementos conceptuales y aplicados para futuras investigaciones comparativas sobre economía solidaria y construcción de paz.

Resultados

Los resultados de esta investigación muestran que el emprendimiento solidario se ha convertido en una pieza clave para recomponer tanto el tejido social como la economía cotidiana de las comunidades que habitan en los territorios PDET. El análisis de las entrevistas, cruzado con una revisión documental y con datos oficiales, permite ver con claridad que las iniciativas solidarias lideradas en su mayoría por mujeres funcionan como espacios donde se reconstruye la confianza, se mueve la economía local y se crean entornos más seguros para la participación comunitaria. No obstante, estos avances se desarrollan en medio de barreras estructurales que siguen muy presentes, especialmente en lo relacionado con infraestructura, inclusión financiera, apoyo institucional y acceso a mercados.

A nivel nacional, los 170 municipios PDET concentran algunas de las desigualdades más profundas del país: alrededor del 85 % de su población vive en pobreza monetaria, el 45 % en pobreza extrema y más del 70 % de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad (Pening, 2023). A ello se suman el aislamiento geográfico, la fragilidad del Estado en los territorios, la presencia de economías ilegales y la inestabilidad de las políticas públicas. Frente a este escenario, las comunidades no han tenido otra opción que organizarse y crear estrategias colectivas para salir adelante, entre las que el emprendimiento solidario ocupa un lugar central.

Las mujeres que participaron en el estudio contaron que sus iniciativas productivas como, huertas comunitarias, asociaciones agropecuarias, unidades de transformación de alimentos, proyectos de turismo comunitario y elaboración de artesanías, no solo les han permitido generar ingresos, sino también ganar autonomía económica, fortalecer su liderazgo y recuperar capacidades organizativas que se habían debilitado por años de conflicto armado. Este hallazgo dialoga con lo planteado por Buendía-Martínez y Carrasco (2013), quienes sostienen que el emprendimiento solidario, además de crear oportunidades económicas, redefine roles de género y amplía la agencia de las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad.

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron con doce mujeres rurales y líderes comunitarias de territorios priorizados por los PDET. Ellas provienen de los municipios de Istmina y Quibdó (Chocó), así como de San Martín y Lejanías (Meta), zonas profundamente marcadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y la debilidad institucional. Todas participan en asociaciones solidarias vinculadas a sectores como la artesanía, la agroindustria, la agricultura familiar y el turismo comunitario, lo que permitió recoger miradas diversas pero atravesadas por desafíos comunes. A continuación, se presenta la caracterización de la muestra:

Las participantes coincidieron en que el emprendimiento solidario se ha convertido en una herramienta clave para recuperar su autonomía económica, asumir liderazgos más visibles y volver a poner en marcha dinámicas organizativas que habían quedado en pausa por años de violencia. En sus relatos aparece con fuerza la idea de que estas iniciativas productivas no solo generan ingresos; a su vez, ayudan a reconstruir la confianza entre comunidades fragmentadas; además, que las mujeres ocupen un lugar protagónico en los procesos de desarrollo local.

Un aspecto que aparece de manera reiterada en los testimonios es el valor de la cohesión social. Las organizaciones solidarias funcionan como espacios de encuentro, de cuidado mutuo y de diálogo, donde se tramitan conflictos, se toman decisiones y se tejen acuerdos. Esto ha facilitado la reconstrucción de confianzas entre familias marcadas por el conflicto armado.

En todos los casos analizados se observó que la asociatividad ha contribuido a disminuir tensiones internas y a promover una cultura de cooperación. Estos hallazgos se conectan con el enfoque de paz positiva de Galtung (1969), según el cual una paz duradera se construye sobre la base de relaciones sociales sólidas, mayor equidad económica y una participación democrática efectiva.

En cuanto a la innovación rural, las experiencias recogidas muestran que, aun en medio de la precariedad material, las comunidades han logrado desarrollar y poner en juego diversas capacidades dinámicas (Teece et al., 1997). Esto se refleja en prácticas como la diversificación de sus actividades productivas, la reducción de la dependencia de intermediarios, la búsqueda de vínculos más directos con mercados locales y la incorporación de procesos agroecológicos en sus fincas y proyectos. También aparecen intentos concretos por integrar tecnologías digitales, por ejemplo, el uso de redes sociales para ofrecer y vender sus productos, lo que representa un avance importante frente a las limitaciones históricas de los territorios.

Sin embargo, estos avances conviven con obstáculos que siguen muy presentes. La infraestructura vial y logística continúa siendo insuficiente: en los territorios PDET, cerca del 60 % de las vías terciarias se encuentra en mal estado o resulta intransitable durante las temporadas de lluvia. Esto restringe la movilidad, incrementa los costos de transporte y dificulta el acceso a los mercados. A ello se suma la persistencia de riesgos asociados a la presencia de grupos armados, que afectan la confianza de posibles inversionistas, ponen en riesgo el traslado de mercancías y desincentivan la participación en espacios comunitarios y organizativos.

Un hallazgo preocupante es la fragmentación institucional. Las entrevistadas mencionaron de forma reiterada la poca continuidad de los programas estatales, la alta rotación de funcionarios y la ausencia de un acompañamiento técnico constante. Esta percepción se corresponde con los informes del Instituto Kroc (2024), que señalan que solo el 18 % de los compromisos económicos del Acuerdo de Paz presenta avances sostenidos, en buena medida por la discontinuidad institucional y la falta de coordinación entre las diferentes entidades.

El acceso a mercados apareció también como una de las barreras más significativas. Si bien existen iniciativas del gobierno y de organizaciones internacionales orientadas a promover las compras públicas locales, la mayoría de los emprendimientos solidarios sigue dependiendo de ferias esporádicas o de ventas informales. Esta inestabilidad en los canales de comercialización limita la posibilidad de consolidar ingresos, dificulta la planificación productiva y desincentiva la inversión a mediano plazo.

Otro tema central para entender la sostenibilidad del emprendimiento solidario es la exclusión financiera. De acuerdo con la Asobancaria (2023), el 69 % de los hogares rurales en Colombia no tiene acceso a productos financieros formales y solo el 11 % logra acceder a créditos de fomento. Esta realidad se refleja con claridad en los relatos de las participantes, quienes señalan que las entidades bancarias exigen condiciones que les resultan inalcanzables como historial crediticio, garantías reales o ingresos estables, lo que las lleva a acudir a mecanismos informales de financiamiento, como tandas, prestamistas locales o préstamos entre familiares y conocidos.

Estos resultados se encuentran respaldados por investigaciones internacionales. El estudio de Wang y Wang (2025), realizado con 6.449 hogares agrícolas en China, muestra que la exclusión financiera reduce entre un 6,9 % y un 9,5 % la probabilidad de emprender y disminuye entre un 15 % y un 16,4 % la intensidad de la actividad empresarial. Según las autoras, esto ocurre principalmente por dos razones: las familias prestan menos atención a la información financiera disponible y desarrollan una mayor aversión al riesgo. Cuando no cuentan con acceso a crédito productivo ni a seguros, tienden a elegir actividades de bajo riesgo, incluso si eso limita su potencial económico. Esta lógica apareció con claridad en los relatos de las mujeres entrevistadas, quienes manifestaron que, sin un respaldo financiero, prefieren no ampliar su producción por temor a endeudarse o a fracasar.

Del mismo modo, el crédito productivo funciona como un amortiguador frente a los efectos de la exclusión financiera. Los hogares rurales que accedieron a préstamos comerciales o industriales pudieron incrementar su probabilidad de emprender y diversificar sus fuentes de ingreso (Wang y Wang, 2025). Este hallazgo resulta especialmente relevante para el contexto colombiano, donde la dificultad para acceder a crédito de fomento frena el crecimiento de iniciativas solidarias que, con un apoyo financiero estable, podrían expandir de manera notable su impacto económico y social.

En paralelo, estudios desarrollados en América Latina subrayan la necesidad de incorporar variables cognitivas como el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y las capacidades de resolución de problemas en los modelos de evaluación del riesgo financiero. Medina-Vidal et al. (2025), a partir de una muestra de 2787 mujeres mexicanas, encontraron que estas capacidades se asocian de forma positiva con el autoempleo, la innovación y la intención emprendedora. Esto sugiere que las mujeres rurales cuentan con habilidades valiosas para emprender, pero que los modelos tradicionales de riesgo tienden a pasar por alto.

En relación con los PDET, los hallazgos muestran que abren una ventana importante para articular el emprendimiento solidario con procesos más amplios de desarrollo territorial. Sin embargo, la discontinuidad institucional y la alta rotación de funcionarios terminan debilitando la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Las comunidades entrevistadas señalaron que muchos programas se quedan en la fase de diagnóstico y capacitación, pero no logran traducirse en acompañamientos técnicos constantes ni en un fortalecimiento real de las capacidades productivas a largo plazo. Esta falta de continuidad no solo frena el alcance de los proyectos, sino que también desgasta la confianza comunitaria y pone en riesgo la sostenibilidad de las iniciativas productivas.

Los hallazgos de la investigación indican que el emprendimiento solidario efectivamente aporta a la autonomía económica de las personas, refuerza la cohesión social y ayuda a fortalecer la resiliencia de las comunidades en los territorios PDET. No obstante, también dejan claro que estos avances son frágiles si no se transforman las barreras estructurales que los rodean, en especial las relacionadas con la inclusión financiera, la infraestructura, la existencia de mercados estables y la continuidad de las instituciones y sus programas. Solo mediante políticas integrales, que combinen crédito productivo, acompañamiento técnico cercano y fortalecimiento organizativo, será posible ampliar y consolidar el impacto de estas iniciativas en la construcción de una paz territorial.

Discusión

Crisis estructural: desigualdad, ruralidad y exclusión

El conjunto de evidencia revisada sugiere que el contexto latinoamericano atraviesa una crisis estructural, con múltiples causas, que profundiza la desigualdad y reduce las posibilidades de desarrollo en los territorios. Este escenario se hace especialmente visible en el ámbito rural, donde se acumulan brechas históricas en el acceso al capital, la infraestructura, los servicios públicos y las oportunidades productivas. De acuerdo con la CEPAL (2023), cerca del 48 % de la pobreza monetaria de la región se concentra en las zonas rurales, lo que confirma que la ruralidad sigue siendo uno de los espacios más vulnerables y relegados. A ello se suman procesos como el despoblamiento, la fragmentación de las unidades productivas, la degradación ambiental y la limitada presencia del Estado (Clausen, 2022), que agravan aún más esta situación.

Además de frenar el desarrollo económico, estos factores afectan la cohesión social y la gobernanza territorial, dimensiones clave en contextos de posconflicto. En Colombia, los resultados del estudio muestran que la falta de infraestructura vial adecuada, la ausencia de mercados estables, la debilidad institucional y el riesgo asociado a la presencia de actores armados no son situaciones aisladas, sino expresiones de problemas estructurales que comparten muchos territorios rurales de América Latina.

Por ejemplo, el 69 % de la red terciaria del país está en mal estado o no recibe el mantenimiento necesario (Pening, 2023), lo que puede aumentar los costos logísticos hasta en un 40 % para los productores rurales y reducir la competitividad de sus emprendimientos. A esto se suma que el 62 % de los municipios PDET reporta presencia de grupos armados o economías ilícitas (González, 2023), lo cual impacta la seguridad, la movilidad y la continuidad de los proyectos productivos. Asimismo, la discontinuidad institucional se refleja en que más del 55 % de los programas rurales cambia de enfoque o se suspende con cada transición de gobierno (Pening, 2023), debilitando los procesos organizativos y deteriorando la confianza de las comunidades en las instituciones.

Emprendimiento en clave solidaria y rural

El emprendimiento rural en América Latina se ha entendido, durante mucho tiempo, principalmente como una estrategia de subsistencia, especialmente en escenarios donde los mercados laborales son fragmentados y el empleo formal es limitado. Sin embargo, la literatura reciente plantea un giro importante dado que propone mirar el emprendimiento desde una lógica solidaria, es decir, como un proceso colectivo sustentado en la cooperación, la corresponsabilidad y la gestión democrática de los recursos. Economistas sin Fronteras (2024) sostiene que este modelo permite “anteponer la vida al mercado”, al impulsar economías locales más diversificadas, fortalecer cadenas de valor ancladas en los territorios y generar capital social en las comunidades.

Este enfoque dialoga con la propuesta de la Nueva Ruralidad, que concibe el campo como un espacio multifuncional donde se entrelazan dimensiones productivas, ambientales, culturales y turísticas (Díaz, 2025). Desde esta perspectiva, el emprendimiento solidario rural no solo cumple una función económica, sino que también actúa como un mecanismo de revitalización territorial, de preservación del patrimonio cultural y de afirmación de identidades colectivas (Arróliga y López, 2025).

En Colombia este cambio de mirada adquiere un peso particular. La ruralidad del país se caracteriza por una gran heterogeneidad económica, ambiental y sociocultural, junto con marcadas desigualdades territoriales. El Índice Nacional de Competitividad (INC) muestra de manera constante que los departamentos con mayor proporción de población rural presentan rezagos importantes en innovación, adopción tecnológica, infraestructura y capacidades institucionales, lo que debilita su competitividad y dificulta la consolidación de emprendimientos sostenibles (Consejo Privado de Competitividad, 2024).

Aun así, los mismos resultados del INC indican que, incluso en estos territorios rezagados, la asociatividad y la organización comunitaria se convierten en activos diferenciadores. En contextos campesinos, indígenas y afrodescendientes, las prácticas de economía solidaria operan como vehículo para activar capacidades internas y diseñar soluciones colectivas. Ello coincide con diversos estudios que muestran cómo la cooperación y la construcción de capital social fortalecen la resiliencia productiva y la sostenibilidad de los emprendimientos rurales (Hernández-Navarro y Suñén, 2025).

Del mismo modo, las experiencias de turismo rural comunitario, agroecología, transformación de alimentos y prestación de servicios locales evidencian un proceso de diversificación económica alineado con propuestas de desarrollo territorial más inclusivas (Ospina, 2025). Estas iniciativas no solo responden a la necesidad de generar ingresos, sino que también contribuyen a la cohesión social, al fortalecimiento de la gobernanza local y a la reconstrucción del tejido comunitario, aspectos clave en escenarios de posconflicto (Muñoz, 2024).

Así, el emprendimiento solidario rural en Colombia se perfila como una alternativa integral de desarrollo que articula economía, comunidad e identidad territorial. Al mismo tiempo, abre posibilidades concretas para cerrar brechas de competitividad, diversificar las economías locales y aportar a la construcción de paz territorial, especialmente en los territorios priorizados por los PDET, donde la recuperación social y económica demanda enfoques colaborativos y sostenibles.

Dimensión de género: mujer rural como agente de transformación

El papel de las mujeres rurales ocupa un lugar central en la literatura sobre ESS y sobre emprendimiento, pero en el caso colombiano este rol adquiere un peso aún más profundo y estructural. Buendía-Martínez y Carrasco (2013) muestran que el emprendimiento femenino rural funciona al mismo tiempo como una vía para lograr autonomía económica, impulsar cambios sociales y fortalecer el liderazgo comunitario. A través de organizaciones solidarias, las autoras evidencian cómo las mujeres tejen redes de confianza, participan activamente en la toma de decisiones en sus territorios y contribuyen a transformar relaciones de poder que han sido históricamente desiguales.

En el contexto colombiano, este panorama se cruza con una vulnerabilidad estructural muy marcada. La Defensoría del Pueblo (2025) señala que, de los 10,2 millones de personas que se reconocen como campesinas, 4,9 millones son mujeres (48,8 %), y son ellas quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a bienes, servicios y oportunidades socioeconómicas. Esto se refleja con claridad en las cifras de pobreza: de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), el 29,8 % de los hogares rurales encabezados por mujeres se encuentra en situación de pobreza multidimensional, porcentaje que supera en casi cuatro puntos a los hogares rurales con jefatura masculina, y en más de 19 puntos a los hogares urbanos liderados por mujeres.

Las brechas también aparecen cuando se analiza el acceso a activos productivos y a financiamiento. Aunque en los últimos años más de 106.000 mujeres han participado en procesos de acceso y formalización de tierras, su presencia sigue siendo menor frente a la de los hombres rurales, en especial cuando se trata de titularidad individual (DANE, 2022). A esto se suma que los créditos de fomento agropecuario solicitados por mujeres son, en promedio, un 28,2 % inferiores a los de los hombres, lo que evidencia barreras persistentes asociadas a la falta de garantías, la informalidad de sus actividades productivas y la pervivencia de sesgos de género en las prácticas crediticias (Pening, 2023).

Estos datos muestran que las mujeres rurales emprenden desde una posición estructuralmente desventajosa en términos de propiedad, acceso a crédito, reconocimiento económico y participación en espacios institucionales. Sin embargo, en territorios marcados por la pobreza, el conflicto armado y las violencias basadas en género, su participación en iniciativas productivas solidarias va mucho más allá de lo económico y se convierte en una vía clave para avanzar en justicia social y equidad territorial.

También, diversas investigaciones han documentado que las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes no solo sostienen la economía del cuidado y la producción de alimentos, sino que también lideran asociaciones, cooperativas y proyectos comunitarios que disputan el control de la tierra, revaloran el trabajo campesino y abren espacios de gobernanza democrática en contextos donde la presencia del Estado es limitada (Rincón y Lizana, 2019).

Desde esta mirada, el emprendimiento femenino solidario en Colombia no puede leerse únicamente como una estrategia individual para generar ingresos, sino como una práctica política y territorial que ayuda a recomponer el tejido social, ampliar la garantía de derechos y fortalecer la construcción de paz desde la ruralidad. Su rol es decisivo para cerrar brechas históricas, impulsar economías comunitarias y consolidar procesos de justicia económica que sostienen la transición hacia territorios más equitativos y resilientes.

Emprendimiento, economía social y solidaria y construcción de paz: un nexo estratégico

La construcción de paz, entendida desde la perspectiva de paz positiva, implica generar condiciones estructurales para la convivencia, reducir desigualdades, fortalecer el capital social y ampliar la participación democrática. En esta lógica, el emprendimiento solidario constituye un puente entre desarrollo económico, inclusión social y transformación de conflictos.

La ESS incorpora valores que actúan directamente sobre las causas profundas de la violencia: redistribución de recursos, participación colectiva, reconocimiento de las diferencias y gobernanza democrática. Esto la convierte en un vector estratégico para reconstruir tejido social en territorios afectados por conflictos armados.

Asimismo, estudios del Banco Mundial (Gutiérrez y Reddy, 2015) muestran que la falta de acceso al financiamiento rural limita la sostenibilidad de estas iniciativas. El financiamiento inclusivo, por el contrario, fortalece la resiliencia comunitaria, reduce la vulnerabilidad socioeconómica y contribuye a una transición más robusta hacia la paz.

Los resultados de la investigación evidencian que la ESS constituye un marco analítico pertinente para interpretar las experiencias de emprendimiento en territorios PDET. A diferencia de enfoques centrados en la rentabilidad individual, la ESS permite comprender estas iniciativas desde la cooperación, la gestión colectiva y la centralidad de las personas. En los casos analizados, el emprendimiento solidario no se limita a una función económica, sino que también opera como mecanismo de recomposición social, al fortalecer vínculos comunitarios, ampliar márgenes de autonomía y generar formas de reconocimiento colectivo en contextos de vulnerabilidad.

Asimismo, los hallazgos destacan el papel estratégico de las mujeres rurales en estos procesos. Su participación trasciende la generación de ingresos y articula tres dimensiones fundamentales: sostenimiento económico del hogar, dinamización organizativa y mediación comunitaria. En este sentido, el liderazgo femenino no debe entenderse únicamente como un efecto del emprendimiento, sino como una condición estructural para la sostenibilidad de las iniciativas solidarias en escenarios caracterizados por fragilidad institucional y desigualdad territorial.

No obstante, la investigación también identifica límites estructurales que restringen el alcance transformador de estas experiencias. La exclusión financiera, las deficiencias en infraestructura, la inseguridad territorial y la discontinuidad institucional no constituyen barreras aisladas, sino expresiones de desigualdades persistentes que condicionan la viabilidad de los procesos organizativos y productivos. Desde esta perspectiva, los resultados se articulan con los enfoques de paz positiva, al mostrar que la consolidación de la paz territorial exige no solo promover iniciativas económicas, sino también transformar las condiciones materiales, institucionales y relacionales que determinan su sostenibilidad.

Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que el emprendimiento popular, social y solidario se ha convertido en un eje estratégico para la inclusión económica y la reconstrucción del tejido social en los territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. A lo largo del estudio se observó que, aunque muchas de estas iniciativas nacieron como respuestas comunitarias frente a la precariedad y la violencia, con el tiempo han pasado a ocupar un lugar central en los procesos de construcción de paz positiva. Los hallazgos muestran que el emprendimiento solidario no solo genera ingresos: también configura relaciones sociales, impulsa liderazgos colectivos y refuerza la confianza entre las comunidades, un recurso indispensable para empezar a cerrar las heridas dejadas por décadas de fragmentación territorial.

En este sentido, la investigación confirma que la ESS ofrece un marco especialmente útil para entender cómo las comunidades reconstruyen capacidades, crean alternativas productivas y consolidan formas de autogestión democrática. Este enfoque se distancia de la visión tradicional del emprendimiento centrada exclusivamente en el mercado y pone de relieve su potencial como herramienta de reparación simbólica y de construcción de paz. En el caso específico de los territorios PDET, el estudio muestra que su avance no depende únicamente de la inversión material, sino de la habilidad de estas comunidades para activar redes locales, promover procesos de innovación social y aprovechar el capital social que ya existe en los territorios.

Los resultados de las entrevistas muestran que las mujeres rurales, líderes de base y asociaciones campesinas han sido protagonistas en estos procesos. Las mujeres, además de impulsar iniciativas productivas sostenibles, actúan como mediadoras comunitarias, promotoras de cohesión y dinamizadoras de economías locales. Dicho de otra manera, su papel trasciende la generación de ingresos e incide directamente en la configuración de nuevas formas de participación y gobernanza comunitaria. Esto coincide con los planteamientos de Buendía-Martínez y Carrasco (2013), quienes sostienen que el emprendimiento femenino rural puede modificar estructuras históricas de desigualdad y contribuir a la equidad territorial.

Al mismo tiempo, el estudio permitió identificar un conjunto de barreras que ponen en riesgo la continuidad de los proyectos solidarios y, con ello, su capacidad de aportar de forma sostenida a la construcción de paz. Entre las dificultades más mencionadas aparecen la exclusión financiera, las fallas en la infraestructura vial y logística, la poca duración y continuidad de los programas estatales, la inseguridad asociada a la presencia de actores armados y la inestabilidad de los mercados. Estas limitaciones se hacen aún más fuertes en los territorios PDET, donde los niveles de pobreza multidimensional, victimización y debilidad institucional siguen siendo más altos que el promedio nacional.

Los resultados se encuentran en la misma línea de lo que muestra la literatura cuando las personas en el campo quedan por fuera del sistema financiero, emprender se vuelve mucho más difícil. Wang y Wang (2025) reduciendo las posibilidades de iniciar un negocio y limitando su sostenibilidad. Esto no ocurre solo por falta de dinero, sino también porque las personas tienen menos acceso a información financiera útil porque aumenta el miedo a asumir riesgos. Por otra parte, cuando existe crédito productivo, parte de ese impacto negativo se suaviza, ya que el crédito actúa como un apoyo para tomar decisiones más seguras. En Colombia, estas dinámicas se sienten con claridad, sobre todo en zonas donde la informalidad financiera supera el 70 %, lo que deja a muchos emprendimientos sin el respaldo necesario para responder a las necesidades de los emprendimientos locales.

El vínculo entre exclusión financiera, fragilidad institucional y debilitamiento del tejido social muestra que la construcción de paz debe asumirse desde una mirada estructural. A diferencia de una paz negativa, que se limita a la ausencia de violencia directa, la paz positiva exige transformar las condiciones que frenan el desarrollo humano: la desigualdad, la pobreza, las barreras de acceso a activos productivos, la concentración de la tierra y la fragmentación comunitaria. En esta línea, los resultados del estudio confirman que el emprendimiento solidario puede convertirse en una vía concreta para avanzar en los tres componentes planteados por Galtung: reconstrucción de lo dañado, resolución de las causas profundas del conflicto y reconciliación entre comunidades.

En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, se observa que los PDET abren una ventana importante para articular el emprendimiento solidario con apuestas más amplias de desarrollo territorial. Sin embargo, la discontinuidad institucional y la alta rotación de funcionarios terminan limitando la implementación real de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Las comunidades entrevistadas mencionan que muchos programas se quedan en diagnósticos y ciclos de capacitación, pero rara vez se traducen en acompañamientos técnicos sostenidos o en un fortalecimiento duradero de las capacidades productivas. Esa falta de continuidad termina desgastando la confianza y debilitando la base sobre la que se sostienen los proyectos productivos.

A partir de estos hallazgos, cobra fuerza la necesidad de adoptar un enfoque de capacidades dinámicas para robustecer las iniciativas solidarias en los PDET. Esto supone impulsar procesos de aprendizaje colectivo, tejer alianzas con universidades y centros de investigación, así como apoyar la innovación territorial mediante redes de economía social. Estos mecanismos ayudarían a incrementar la resiliencia económica y social de territorios que han cargado durante décadas con violencias superpuestas y profundas desigualdades.

Finalmente, las reflexiones derivadas del estudio permiten formular tres recomendaciones estratégicas: primero, consolidar un ecosistema de financiamiento inclusivo. Esto es una recomendación para implementar líneas de crédito productivo con tasas de interés preferenciales, condiciones de garantía más flexibles y esquemas de evaluación de riesgo que incorporen datos alternativos y variables socioeconómicas. La experiencia de otros países muestra que este tipo de herramientas no solo impulsa la decisión de emprender, sino que también ayuda a reducir la vulnerabilidad de los hogares y a darle mayor estabilidad a los territorios.

Segundo, establecer programas de acompañamiento técnico permanente, es decir, más allá de las capacitaciones de corto plazo, es necesario fortalecer capacidades al interior de las organizaciones: manejo de contabilidad comunitaria, estrategias de comercialización, acceso a certificaciones rurales, habilidades de negociación y construcción de redes. La ESS solo puede consolidarse cuando cuenta con un acompañamiento estatal constante y con una articulación real y sostenida entre distintos sectores.

Tercero, fortalecer la gobernanza territorial y la participación comunitaria. Esto es, el respaldo a las mujeres rurales, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas, las y los jóvenes; así como a las asociaciones campesinas, resulta clave. Por último, la evidencia muestra que el capital social el capital social es un determinante clave para la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y, por ende, para la construcción de paz, es un factor decisivo para que los emprendimientos solidarios se mantengan en el tiempo y, en consecuencia, para avanzar en la construcción de paz.

Referencias

Arróliga, C. y López, M. (2025). Turismo rural como alternativa de desarrollo local en Nicaragua. La Calera, 25(45). https://camjol.info/index.php/CALERA/article/view/21463

Atienza, M., Crespo, B., Novillo, E. y Vinocur, R. (2024). Estrategias, alianzas y soluciones colectivas para los retos actuales del emprendimiento en la economía social y solidaria. Economías sin Fronteras, (54). https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2024/07/Dossier-EsF-54_Estrategias-emprendimientos-ESS.pdf

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2024). Resolución aprobada. Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible (A/RES/79/213). Naciones Unidas.

Asobancaria. (2023). Brechas de género en la inclusión financiera en Colombia. Banca & Economía. https://asobancaria.com/ws/semanas-economicas/1371-BE.pdf

Buendía-Martínez, I. y Carrasco, I. (2013). Mujer, actividad emprendedora y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Cuadernos de Desarrollo Rural, 10(72), 21-45.

Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, 62, 227-257. https://doi.org/10.1016/j.larev.2016.06.010

Cárdenas, L. (2025). Formación emprendedora: una estrategia de empoderamiento para comunidades en el posconflicto en Colombia. European Public & Social Innovation Review, 10, 1-15. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1269

Castrillón, S. (2025, noviembre). Filantropía y solidaridad para la transformación rural: el caso del Proyecto Utopía. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/397860426

Clausen, J. (2022). Pobreza rural en América Latina y el Caribe en el contexto del COVID-19. Cinco líneas de incidencia y acción para no dejar a ningún territorio rural atrás FAO.

CEPAL. (2023). Nuevas narrativas para una transformación rural en América Latina y el Caribe: Hacia una medición y caracterización renovada de los espacios rurales. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/67977-nuevas-narrativas-transformacion-rural-america-latina-caribe-medicion

Consejo Privado de Competitividad. (2024). Informe Nacional de Competitividad 2023-2024. Consejo Privado de Competitividad.

DANE. (2023). Situación de las mujeres rurales en Colombia. DANE.

Defensoría del Pueblo. (2025, junio 11). Defensoría del Pueblo alerta sobre profunda desigualdad que enfrentan las mujeres campesinas y rurales en Colombia. https://www.defensoria.gov.co/w/alerta-sobre-profunda-desigualdad-que-enfrentan-las-mujeres-campesinas

Díaz, S. (2025). Grupos comunitarios de ahorro: clave del emprendimiento social y el desarrollo local [Monografía, UNAD]. Repositorio institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75864

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.

Gutiérrez, E. y Reddy, R. (2015). Mayores oportunidades de financiamiento rural en Colombia. Banco Mundial.

Gobierno de Colombia y FARC-EP. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. JEP. https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final%20Firmado.pdf

González, L. (2023). Informe. Situación de Seguridad de los Firmantes de Paz. Indepaz. https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-FIRMANTES-DE-PAZ-2023.pdf

Hernández-Navarro, M. y Suñén, I. (2025). Análisis de buenas prácticas de desarrollo rural en España emprendidas por mujeres. En Cinco años de políticas públicas contra la despoblación: valoración y perspectivas. Universidad de Valencia. https://www.researchgate.net/publication/397691828_Analisis_de_buenas_practicas_de_desarrollo_rural_en_Espana_emprendidas_por_mujeres

Londoño, M., Ballén, J. y Serna, S. (2024). Propuesta de innovación comercial para garantizar la sostenibilidad de una asociación de mujeres rurales: el caso de ASOMMUC. Tendencias, 25(2), 143-168. https://doi.org/10.22267/rtend.242502.257

Medina-Vidal, A., Alonso-Galicia, P., González-Mendoza, M. y Ramírez-Montoya, M. (2025). Financial Inclusion of Vulnerable Sectors with a Gender Perspective: Risk Analysis Model with Artificial Intelligence Based on Complex Thinking. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 14(4). https://doi.org/10.1186/s13731-025-00463-2

Muñoz Perlaza, J. (2024). Cooperativismo y reconstrucción del tejido social en zonas de conflicto. Economía Solidaria Hoy, 12(1), 58-74.

Ospina, Y. (2025). Innovación social como eje transformador del desarrollo rural a través de los emprendimientos [Monografía, UNAD]. Repositorio institucional. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75866

Pening, J. (2023). Política de descentralización. Inversión de recursos públicos en infraestructura de vías terciarias. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2023/noviembre/pdf/Inversion-de-recursos-publicos-en-infraestructura-de-vias-terciarias.pdf

Putnam, R. (1993). Chapter 6. Social Capital and Institutional Success. En Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (pp. 163-186). Princeton University Press.

Quintana, C. y Benavides, C. (2007). Concentraciones territoriales, alianzas estratégicas e innovación. Un enfoque de capacidades dinámicas. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 10(30), 5-37. https://doi.org/10.1016/S1138-5758(07)70072-5

Rincón, S. y Lizana, F. (2019). El conflicto sí tiene género: análisis del impacto del desplazamiento forzado en mujeres colombianas. Sophia Austral, 31(4), 4-27. https://www.scielo.cl/pdf/sophiaaust/v31/0719-5605-sophiaaus-31-4.pdf

Sheng, Y., Ye, C., Sun, Y. & Bakker, D. (2024). The Impact of Human Capital and Social Capital on entrepreneurship entry: The threshold of human capital–Social Capital Coupling. Humanities and Social Sciences Communications, 11. https://doi.org/10.1057/s41599-024-04151-6

Teece, D., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Unidad para las Víctimas. (2025). Informe de gestión 2024. Unidad para las Víctimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Informe-de-gestion-2024-UARIV.pdf

Wang, B. & Wang, W. (2025). Breaking Barriers to Rural Entrepreneurship: How Productive Credit Mitigates Financial Exclusion. Finance Research Letters, 86.

Información adicional

redalyc-journal-id: 7763